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Miércoles, Enero 2, 2019 - 19:04

De las más de doscientas cincuenta universidades que funcionan en Colombia, solo 20 son consideradas de alta calidad

Hasta no hace mucho se ganaba un salario mensual de 95 millones y una bonificación de 69 millones por seguridad; pero eso no le fue suficiente, durante su administración -de tan solo cuatro años- se embolsilló la bobadita de 16.000 millones en compañía de buena parte de su familia y de un grupo de funcionarios que lo acolitaban.

El personaje no era funcionario público, ni trabajaba ni hacía lobby para Odebrecht ni estaba metido en los líos de Reficar: era el rector ilustre de una universidad privada, de la muy nombrada Universidad Autónoma del Atlántico.

Ramsés Vargas, el protagonista del escándalo (lo llaman curiosamente El Faraón) fue puesto preso por estos días con otras nueve personas por utilizar buena parte de los recursos pagados por los estudiantes, en apartamentos, fincas, bienes suntuarios e inversiones particulares.

El gobierno de Ramsés comenzó en el 2013, justo cuando terminó el de la también famosa Silvia Guette; no famosa justamente por sus dotes de bailarina profesional (que lo era), sino como la otrora exrectora del claustro desde el año 2002, y hoy condenada por pretender sobornar a un juez con el fin de evitar una condena por delitos millonarios que incluían también -como su sucesor- tomarse para sí y su familia dineros que pagaban los estudiantes para sacar adelante sus carreras. Como iban las cosas, a esa universidad se la estaban robando en forma continuada desde hacía más de quince años.

Según expertos del Ministerio de Educación, de las más de 250 universidades que funcionan en Colombia, solo 20 son consideradas de alta calidad: existen además alrededor de diez mil programas profesionales y todos los años aumentan las matrículas: “es mucho dinero circulando con muy poco control” dijo en una entrevista radial un funcionario del Ministerio.

Desconozco en este momento el número exacto de instituciones de educación superior que están en investigación, pero es sabido que superan las treinta, de las cuales el 80% son privadas.

Los colombianos tenemos todavía en la memoria el caso de la San Martín. Estudiaban allí cerca de 27.000 estudiantes, que de un momento para otro se quedaron sin profesores, con una universidad en quiebra y cerrada y con sus proyectos académicos truncados.

Los dueños de la universidad, unos tales Alvear, se habían dedicado a montar restaurantes lujosos en la capital y a realizar infinidad de inversiones costosísimas a cuenta de las matrículas y sin control alguno, y sin que las autoridades de ningún tipo se percataran de lo que venía ocurriendo.

Estudiar en una universidad en este país es caro y para rematar los gobiernos han sido tradicionalmente regateros y tacaños a la hora de definir recursos para la educación.

Si bien es cierto que el éxito logrado recientemente por los estudiantes fue magnífico y que esos recursos adicionales muy seguramente tendrán consecuencias positivas, es igualmente cierto que las universidades no pueden seguir sin control y exponiendo a estudiantes y a padres de familia a los desfalcos de los inescrupulosos.

Es muy importante recordarle a este gobierno que no puede volver a hacerse el de la vista gorda como los gobiernos anteriores y que es imperativa la creación de la Superintendencia de la Educación (que se había ordenado por ley desde el 2014, pero que se frustró por sentencia de la Corte).

Y no se trata de atentar contra la autonomía universitaria -que yo particularmente defiendo- sino que hay que entender que una cosa es regular y otra vigilar.

Hay que ejercer vigilancia sobre las universidades y colegios (con fuerte presencia de la comunidad académica), y eso no puede hacerse a través de una oficina de tercer nivel del Ministerio de Educación con 20 funcionarios; estamos hablando de un derecho sagrado y un servicio clave para el avance y desarrollo de la sociedad en todos los ámbitos.

Y puede que no de votos, pero con la educación no se juega.

Por Miriam Martínez Díaz

@PazAportes

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