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Martes, Diciembre 11, 2018 - 23:03

Ante la aprobación en primer debate del proyecto de ley No 198/18 S, en el que se propone principalmente aumentar las sanciones administrativas que puede imponer la Superintendencia Nacional de Salud a las entidades y personas que operan en el sistema de salud, la Asociación de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), que agrupa a las principales EPS del país, manifestó:

1. El fortalecimiento de la capacidad sancionatoria de la Superintendencia de Salud es un paso en la dirección correcta.

2. Es necesario que el proyecto se redacte de una manera en que las conductas específicamente sancionables sean precisas, y las sanciones sean proporcionales a la gravedad del acto. De lo contrario, el proyecto, de ser aprobado, sería una fuente de arbitrariedades y violaciones al debido proceso.

3. Es importante que los legisladores entiendan que el aumento de sanciones, sin un esfuerzo paralelo de aclaración y depuración de las reglas básicas del sistema de salud y un proceso de fortalecimiento institucional de la Superintendencia, necesidad aceptada por la misma entidad, sólo contribuirá a la paralización en los procesos decisorios de los actores del sistema y al aprovechamiento del caos imperante por parte de los corruptos.

4. Gustavo Morales, presidente del gremio, explicó: “actualmente, los organismos de control y los tribunales han creado un galimatías conceptual, y sancionan o absuelven según sus caprichos del día”

5. Entre los asuntos que ameritan una claridad urgente para dar seguridad jurídica, se pueden mencionar, por ejemplo, los siguientes:

 a. En qué punto de la cadena de valor del sistema de salud dejan de ser públicos los recursos del sistema de salud. ¿Cuándo pasan del ADRES a las EPS? ¿Cuándo pasan de las EPS a los proveedores y prestadores? ¿Cuál es el criterio para trazar la línea?

 b. Los organismos de control han dicho que los recursos provenientes de la UPC no son ingresos de las EPS. En tal caso, ¿Por qué las normas las obligan a realizar reservas técnicas e inversiones con esos recursos, como si fueran propios? ¿Quién es, entonces, el titular de los títulos e instrumentos de inversión que las EPS están obligadas a constituir por norma para garantizar el pago de sus obligaciones?

 c. ¿Quién es el legalmente obligado a financiar los servicios y procedimientos no incluidos en el plan de beneficios? ¿A quién es en últimas exigible responder por ello? 

 d. ¿Cuándo es legal y cuando es ilegal que una EPS invierta en infraestructura, equipos y tecnologías en beneficio de sus pacientes?

6. ACEMI informó que quiere trabajar con el gobierno, en el contexto de las directrices generales incluidas en el nuevo Plan de Desarrollo, para promover una legislación que aclare de una vez por todas estas ambigüedades, que tanto daño le han hecho a los usuarios del sistema.

Concluyó Morales: “En un entorno de inseguridad jurídica, los procesos sancionatorios fortalecidos son un regalo para los corruptos, que son los que saben, con sus mañas, incidir en el funcionario investigador para que opte por la interpretación más conveniente. Para la gran mayoría de servidores públicos y privados del sistema, honestos y bien intencionados, unas sanciones severas establecidas en un marco de confusión y contradicción, se constituye más bien en un desincentivo para trabajar en el sector. Todo mundo queda atrapado en una alambrada de interpretaciones caprichosas y cambiantes, y a nadie le gusta ser sancionado simplemente porque optó por una vía razonable que no le gustó al funcionario de turno”.

 

Gustavo Morales. Foto: larepublica.co

 

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