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Jueves, Enero 11, 2018 - 06:57

La Mesa directiva del Senado de la República, liderada por su presidente, Efraín Cepeda, impugnó el  fallo del Tribunal Superior de Cundinamarca sobre una acción de cumplimiento que interpuso el Ministerio del Interior para promover la proclamación de la norma que crea las Circunscripciones Especiales de Paz.

El senador Cepeda entregará sus argumentos para rechazar la decisión sobre las 11 de la mañana en el Congreso de la República.

Este tema de las Circunscripciones ha provocado una andanada de acciones legales luego de su hundimiento en la plenaria del Senado en donde sacó 50 votos y desde entonces el Gobierno viene sustentando la tesis que esa cantidad era suficiente para aprobarlas, al contrario de lo que dice muchos senadores, quienes expresan que se necesitaban 51.

El siguiente es el pronunciamiento del senador Cepeda:

En el día de hoy, por intermedio del Doctor Gregorio Eljach Pacheco, Secretario General del Congreso de la República, quien me acompaña en este acto y quien además es el delegado para Representar a la Corporación en asuntos judiciales, hemos presentado formalmente la impugnación previamente anunciada contra el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, dentro del trámite de una acción de cumplimiento interpuesta por el Ministro del Interior Guillermo Rivera Flores y contra el fallo proferido por el Juzgado 16 Administrativo del Circuito de Bogotá, dentro del trámite de una acción de tutela promovida por quienes se dicen

víctimas del conflicto armado y damnificados por la no aprobación y promulgación del proyecto de Acto Legislativo 017/17 Cámara y  05/17 Senado por medio del cual se proponía la creación de 16 circunscripciones transitorias especiales de paz para la cámara de representantes en los periodos 2018-2022, y 2022-2026.

Nos hemos visto abocados a presentar dichos recursos en la medida en que nos asiste la firme convicción de que yerran las autoridades judiciales que pretenden revivir un acto legislativo que no surgió válidamente a la vida jurídica por la no aprobación de la Mayoría Absoluta del Congreso de una de las etapas que en relación con el mismo se surtió, como fue la de la votación del Informe de Conciliación final a que fue sometido.

En relación con dicho Proyecto los demandantes estiman que este sí fue objeto de los votos requeridos y que, por lo mismo, debió ser promulgado por el Ejecutivo para que se surtiera el trámite de su revisión automática, previsto en el artículo 2, inciso tercero del Acto Legislativo 01 de 2016, que contempló el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz.

Una vez más queremos reiterar ante el Gobierno y ante el País que en modo alguno ha sido nuestro propósito propiciar esta novedosa e inusual situación que nos ocupa y que reviste una muy compleja implicación jurídica y política, generada por el hecho de que el Presidente del Senado de la República ha sido objeto de distintas demandas en ejercicio de acciones constitucionales de tutela y de cumplimiento por pretender hacer valer la realidad de lo sucedido con el mencionado proyecto al querer darle alcance a las normas constitucionales que se consideran aplicables y que ocasionaron su archivo en las circunstancias que gran parte del País conoce.

Es preciso poner de resalto lo que ha sido nuestra actuación en este asunto por la evidente circunstancia de que nos interesa evitar que se continúe divulgando la especie según la cual la interposición de los recursos que con pleno derecho podemos ejercer en nuestra condición de demandados pueda ser tergiversada calificándosele como una actuación de rebeldía de parte del Presidente del Senado de la República, encaminada a entorpecer el Proceso de Paz, y a desconocer el derecho de las víctimas del conflicto armado, pues, en últimas, lo que pretendemos es simple y llanamente que las autoridades judiciales que tramitan las acciones mencionadas reconozcan que la actuación del Congreso de la República al declarar que el proyecto en mención se improbó y que por lo mismo debía ser archivado, como en efecto lo fue, era la que se imponía de conformidad con las normas constitucionales y las que hacen parte del Reglamento del Congreso que regulan el trámite de los Actos Legislativos.

Así las cosas, aspiramos a que en la opinión pública cesen de circular las infundadas versiones según las cuales se sugiere que el Presidente del Senado de la República está en rebeldía frente a la Justicia, cuando lo cierto es que su proceder solo está encaminado a hacer valer la decisión que fue adoptada por la Corporación que Represento, tal como me lo exige la Ley 5ª de 1992,  de Archivar una iniciativa de reforma constitucional, que si bien revestía importancia dentro de los desarrollos de los Acuerdos de Paz, lo cierto es que no alcanzó a ser aprobada por el número de votos que representan la Mayoría Absoluta de los Miembros del Senado de la República.

Hemos decidido acudir a las instancias superiores de los funcionarios judiciales que con sus fallos han pretendido revivir un proyecto de reforma constitucional archivado, por cuanto

nos parece absolutamente inconveniente que los Jueces de la República se inmiscuyan en las competencias que ostenta, de manera privativa, el Órgano de Representación Democrática para reformar la Constitución, en su condición de único Constituyente Derivado, como lo es el Congreso de la República.

En síntesis, las razones por las cuales consideramos que los fallos impugnados merecen ser revisados y dejados sin efectos por los Superiores Jerárquicos de quienes los profirieron, se contraen a lo siguiente:

 En lo que toca con la acción de cumplimiento en la que se ordenó la remisión inmediata del Proyecto de Acto Legislativo 017 de 2017 Cámara – 05 de 2017 Senado por medio del cual se crearían 16 circunscripciones transitorias especial de paz para la cámara de representantes en los periodos 2018-2022 y 2022-2026ˆ para su promulgación:

Inicialmente el señor Ministro del Interior solicitó ante el Consejo de Estado la nulidad de la actuación adelantada y con sorprendente celeridad el Tribunal Administrativo de Cundinamarca cercenando el derecho de Defensa y Contradicción del Congreso de la República, profirió fallo en su afán de decidir a toda consta antes del inicio de la vacancia judicial del año pasado, sin lugar a dudas, cercenó el derecho de defensa del Presidente del Congreso como parte demandada al tenerse por no contestada la demanda y emitir precipitadamente el fallo, inclusive dentro del término otorgado para que nos pronunciáramos sobre el mismo,  término que se contabilizó de manera irregular, con lo cual se dejaron de apreciar los argumentos que en la contestación de la demanda, que sí se presentó en tiempo, se adujeron a nuestro favor.

Todo ello, en resumen, ocurrió por cuanto se empezó a contabilizar el término para la contestación de la demanda con anterioridad a la fecha en la que esta válidamente se notificó.

En lo que toca con el fondo del asunto se solicitó al Consejo de Estado que revocara el fallo de primera instancia con

fundamento en el hecho de que en el proceso no quedó demostrado que el Presidente del Congreso hubiese incurrido en renuencia en la contestación de la petición que le formuló el Ministro del Interior respecto a la suerte que corrió el Proyecto de Acto Legislativo mencionado.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la constitución en renuencia del demandado es presupuesto indispensable para la procedencia de la acción de cumplimiento.

Adicionalmente, se planteó que la interpretación de la actuación del Congreso de la República bajo la óptica que quiere hacer valer el demandante, como Vocero del Gobierno, y que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca acoge con razones que desconocen la realidad de lo sucedido y que, por lo mismo, resultan absolutamente controvertibles, en cuanto son susceptibles de todo tipo de interpretaciones, bien puede constituir una cuestionable intromisión del Poder Ejecutivo y Judicial sobre las funciones y competencias del Poder Legislativo, sobre todo en lo que tiene que ver con un tema tan trascendente y delicado, desde el punto de vista jurídico y político, como lo es el relacionado con las reformas constitucionales.

También se cuestionó el hecho de que el fallo del Tribunal Administrativo se haya fundamentado en supuestos precedentes de obligatorio cumplimiento emanados de dos pronunciamientos de la Corte Constitucional, como son las sentencias C-784 de 2014 y SU-221 de 2015, cuando en realidad los temas tratados en tales providencias no guardan similitud con la controversia suscitada en torno al trámite de un proyecto de acto legislativo que al no recibir el aval de la Mayoría Absoluta a la que se refiere el artículo 375 de la Constitución se consideró improbado disponiéndose por consecuencia su Archivo.

Por esta última razón se planteó ante el Consejo de Estado que, a todas luces, resulta imposible pretender darle cumplimiento, por vía de la intervención judicial, a una supuesta norma constitucional que fáctica y jurídicamente debe considerarse inexistente.

Se adujo igualmente en la impugnación que el fallo del Tribunal para nada tuvo en cuenta las incuestionables diferencias que existen con respecto al trámite y a las Mayorías que se exigen para su aprobación, entre las leyes, ya sean Ordinarias, Orgánicas o Estatutarias y los Actos Legislativos, que se caracterizan  precisamente por el hecho de que con ellos se reforma la Constitución, lo cual impone lo necesidad de que estos últimos sean sometidos a un trámite muchísimo más riguroso como el relacionado con la exigencia de una Mayoría Especial para su aprobación, en los términos del artículo 375 constitucional.

Del mismo modo, se planteó que los conceptos de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, aunque respetables, por mandato de la propia Ley, no son obligatorios y que en particular el concepto que en este caso invocó el Tribunal para sustentar su decisión no tuvo en cuenta la inequívoca distinción existente entre la tramitación de las Leyes y la tramitación de los Actos Legislativos que pretenden reformar nuestra Carta Política.

 En lo que toca con el fallo de tutela que ordenó al Secretario General y al Presidente del Congreso de la República la inserción inmediata en la Gaceta del Congreso de la República del proyecto de Acto Legislativo sobre circunscripciones especiales de paz en la Cámara de Representantes, a efectos de sujetarlos al posterior control constitucional:

En lo concerniente a dicho fallo, proferido por el Juzgado 16 Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, como argumentos de inconformidad, que en nuestro sentir, y de acuerdo con el equipo jurídico que nos asesoró, resultan irrebatibles, por lo que esperamos que el Tribunal de Segunda Instancia los acoja, se plantearon, en síntesis, los siguientes: 

De manera previa, se alegó la configuración de un manifiesto vicio procedimental que resulta indispensable enmendar por cuanto la acción de tutela debió ser admitida, tramitada y fallada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a quien inicialmente se le repartió, lo cual, de conformidad con la Constitución y la Ley determinó su competencia, y no por el Juzgado 16 Administrativo de Bogotá al que se le remitió con fundamento en simples reglas de reparto, lo cual resulta improcedente conforme a reiterados pronunciamientos de la Corte Constitucional.

Adicionalmente, se planteó la flagrante improcedencia de la acción de tutela debido a que, evidentemente, existían otros mecanismos de defensa judicial para hacer valer los supuestos e inexistentes derechos que los demandantes alegaron como conculcados. Prueba irrebatible de ello es la ya mencionada acción de cumplimiento que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló con base en los mismos hechos y con similares pretensiones en favor de quien fungió en ese proceso como parte demandante.

Lo anterior considerando que la acción de tutela es de naturaleza subsidiaria lo cual supone que solo puede ejercitarse cuando no se tiene a la mano ningún otro recurso judicial que se pueda hacer valer.

Adicionalmente, se planteó la falta de legitimación de los demandantes en la medida en que alegaron la violación de unos derechos inexistentes por cuanto el Acto Legislativo que estaba llamado a consagrarlos ni siquiera alcanzó a nacer a la vida jurídica, en razón de que, en últimas, el Congreso de la República lo improbó y terminó siendo Archivado, estado en que se hallaba cuando la tutela se interpuso.

En lo que toca con los aspectos jurídicos de fondo, también se alegó, como se hizo en la impugnación de la acción de cumplimiento ya mencionada, que resulta extremadamente inquietante que a través de actuaciones judiciales se pretenda auspiciar la intervención de los Jueces en los procesos legislativos de reforma a la Constitución, desplazando de ese modo al Congreso de la República que es el Órgano que conforme a la distribución de poderes entre las distintas Ramas del Poder Público, por expreso mandato de nuestra Constitución, tiene asignada esa muy especial competencia.

 

Adicionalmente se planteó:

Que los Demandantes al igual que la Juez de Primera Instancia no tuvieron en cuenta la evidente distinción entre la tramitación de las Leyes y la de los Actos Legislativos, la cual supone que estos últimos están sujetos a un mayor nivel de exigencia, sobre todo en lo que respecta a la Mayoría Absoluta que se requiere para su aprobación, de acuerdo con el artículo 375 constitucional, la cual no se logró en la tramitación del Proyecto de Acto Legislativo en cuestión.

Que el fallo se fundamentó en unos supuestos precedentes de la Corte Constitucional que en realidad, según se estableció, no tienen relación con el asunto controvertido.

Y que, el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en que se fundamentó el fallo de tutela, además de carecer de vinculatoriedad, por expreso mandato legal, no tuvo en cuenta la distinción entre los requisitos para tramitar Proyectos de Leyes y tramitar Proyectos de Actos Legislativos reformatorios de la Constitución los cuales están sujetos a una más estricta exigencia, sobre todo, se insiste, en lo que toca con las Mayorías a las que hace referencia al artículo 375 constitucional.

EN CONCLUSIÓN:

No sin antes reiterar que como Presidente del Congreso de la República no me mueve razón distinta a la de hacer valer lo que la Corporación que represento decidió o avaló en la sesión del día 30 de noviembre del año pasado respecto al Proyecto de Acto Legislativo relacionado con las circunscripciones especiales de paz, como sin duda alguna, es mi deber hacerlo, y en modo alguno pretendiendo desconocer los derechos de las víctimas o entrabar los desarrollos normativos de los Acuerdos de Paz, es que hemos decidido asumir la posición explicada de impugnar los fallos judiciales que pesan sobre la Corporación que represento y en particular sobre mi persona para que las instancias superiores resuelvan en derecho, como debe ser, lo que en realidad corresponde de cara a lo que nuestra Constitución establece.

 

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