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Miércoles, Diciembre 6, 2017 - 07:57

El Consejo Político Nacional del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) rechaza la campaña mediática de desprestigio y de ataque personal que usa el tema de la violencia sexual contra nuestros compañeros y compañeras como caballito de batalla. No es casualidad que las calumnias aumenten en la medida en que se amplía la difusión de nuestro mensaje por la construcción de un país incluyente y con justicia social. ¿Será el miedo de los sectores conservadores frente a nuestra presencia electoral motivo de tanta difamación y mentira?

Clamamos por una nueva forma de hacer política. Por una Colombia que privilegie las ideas y por una nueva forma de comunicar que sume y no exacerbe el odio. Nuestro país ha vivido una guerra interna de más de medio siglo y ha dejado heridas profundas que deben ser tratadas con respeto. Exigimos no revictimizar a las mujeres y hombres víctimas de violencias de distinto orden y exigimos que se respeten los canales y los tiempos acordados para aplicar la justicia, que aceptamos y respetamos.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia fueron una organización política con normas de convivencia y reglamento estricto para los y las combatientes que definían el relacionamiento interno y con la población civil. Lo incumplimiento a esas normas eran sancionados con el mismo rigor de su gravedad.

La organización desarrolló una política de respeto e inclusión de la mujer y apostó por la construcción de valores revolucionarios en los hombres y mujeres que conformaron nuestras filas. Producto de esa política, logramos mantener nuestra lucha durante 53 años con apoyo de la población civil y la solidaridad de los pueblos del mundo.

En los diálogos de La Habana, discutimos y aceptamos someternos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pero también aceptamos que aquellos hombres y mujeres que hubiesen cometido actos no relacionados con la lucha política deberían someterse a la justicia ordinaria. Esa determinación no se incluyó a último momento en el Congreso, como se ha querido mostrar por algunos medios.

La decisión está contemplada en el punto 5 del Acuerdo Final (Acuerdo sobre las víctimas del conflicto), artículo 40:

"No serán objeto de amnistía ni indulto ni de beneficios equivalentes los delitos de lesa  humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra -esto es, toda infracción del Derecho Internacional Humanitario cometida de forma sistemática -, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores, todo ello conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma".

Respecto al tema del aborto, es importante que la sociedad colombiana conozca que la normativa interna explicaba a las mujeres que buscaban el ingreso a la guerrilla que, debido a los rigores de la guerra, no se admitían embarazos. Se promovía el uso de anticonceptivos y se entregaba formación para una vida sexual saludable y responsable. Las mujeres embarazadas debían tomar la decisión de asumir su maternidad y retirarse de la fuerza o dar por terminado su estado. La decisión era de la mujer y respetada por la organización. Si existen casos donde se faltó a la norma, serán juzgados por la JEP y los hombres y mujeres en proceso de reincorporación, se someterán a los designios de los tribunales.

Consejo Político Nacional

Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC)

 

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