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Miércoles, Febrero 28, 2018 - 10:34

El magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) explicó sus razones para salvar el voto frente a la decisión con la cual la sala plena en la práctica tumbó la revocatoria del alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, al ordenar una investigación sobre los recursos que se destinaron para la recolección de cerca de 500 mil firmas que respaldan convocar la consulta.

Para el togado La mayoría de la Sala Plena del CNE desconoció varias disposiciones de la Ley estatutaria 1757 de 2015, que fijan las reglas para la revisión de los informes de ingresos y gastos de los comités promotores de la revocatoria del mandato.

“La ley permite que las organizaciones sociales, entre ellas, las agremiaciones sindicales, realicen aportes a los procesos de recolección de firmas en los mecanismos participativos, superiores al 10% del tope máximo de gastos individuales. La negativa a expedir la certificación de que trata el artículo 15 de la Ley se encuentra reglada y no es discrecional invocar causales que esa ley no contempla”, explicó el jurista.

Novoa manifestó que la decisión del CNE constituye una afrenta al principio participativo que establece la Constitución Política de 91.

“Nuevamente el origen partidista del órgano de control electoral frustra las expectativas ciudadanas de quienes con su firma respaldaron la iniciativa”, argumentó.

 

A continuación las razones explícitas del magistrado:

1°.  Una Resolución del CNE no tiene mayor jerarquía normativa que una ley estatutaria. La decisión que adoptó el CNE afirma que “se establecieron hallazgos relacionados con la información contable y la documentación soporte que presuntamente determinarían la superación de  topes por concepto de contribuciones y donaciones individuales superiores al 10% del tope de la financiación establecida en la Resolución N° 0171 de 2017 de la Corporación”. El acto administrativo debe estar ajustado a la Constitución y a la ley estatutaria, lo que no ocurrió en este caso.

2°. La decisión se adoptó sin razones válidas probadas legalmente. Se afirma también que el tope máximo para las donaciones y contribuciones individuales tenía un límite de $41’521.542 y que  el SINDICATO DE TELEFONOS DE LA EMPRESA DE TELÉFONOS DE BOGOTÁ, uno de los aportantes al proceso de recolección de firmas, aportó $49’580.000 al Comité “UNIDOS REVOCAMOS A PEÑALOSA”. Es decir, que hubo una superación de topes en los aportes que efectuó esta agremiación sindical, por cerca de $8’000.000.

3°. Las organizaciones sociales sí pueden hacer aportes a la financiación de recolección de firmas superiores al 10% de los topes individuales. Esta conclusión es errada porque desconoce el contenido literal del artículo 12, parágrafo 2° de la Ley 1757 de 2015 que dice:

“ARTÍCULO 12. FIJACIÓN DE LOS TOPES EN LAS CAMPAÑAS DE RECOLECCIÓN DE APOYOS CIUDADANOS. El Consejo Nacional Electoral fijará anualmente las sumas máximas de dinero que se podrán destinar en la recolección de apoyos a las propuestas sobre mecanismos de participación ciudadana. Así mismo, el Consejo Nacional Electoral fijará la suma máxima que cada ciudadano u organización podrá

aportar a la campaña de recolección de apoyos sobre las propuestas de los mecanismos de participación ciudadana”.

 (…)

“PARÁGRAFO 2o. Ninguna campaña de recolección de apoyos ciudadanos para los mecanismos de participación de que trata esta ley, podrá obtener créditos ni recaudar recursos, contribuciones ni donaciones provenientes de personas naturales y jurídicas de las que trata el Código de Comercio, que superen el diez por ciento (10%) de la suma máxima autorizada por el Consejo Nacional Electoral para la campaña”.

4°. La mayoría del CNE ignoró algo tan elemental como que las agremiaciones sindicales están regidas por el Código Laboral y no por el Código de Comercio. Como se observa, la restricción en el monto de las contribuciones, créditos y donaciones que superen el 10% de la suma máxima autorizada por el CNE, provenientes de particulares, sean estos personas naturales o jurídicas, aplica para aquellas cobijadas por el Código de Comercio, pero no para las que se rigen por el Código Sustantivo de Trabajo (artículos 3 y 353 de este código).

5°. La Corte Constitución permite que entidades sin ánimo de lucro de carácter social efectúen aportes sin observar el tope máximo de gastos individuales. Al examinar esta norma en la sentencia C-150 de 2015 la Corte Constitucional señaló lo siguiente:

“… el parágrafo segundo de la disposición examinada prescribe que las personas de las que trata el Código de Comercio, no pueden realizar aportes mediante préstamos, contribuciones, o donaciones más allá del diez por ciento (10%) de la totalidad de la campaña. Conforme a lo anterior los comerciantes y las sociedades reguladas por el Código de Comercio son los sujetos que (…) quedarían cobijados por la limitación establecida para realizar aportes. Confrontando el parágrafo segundo del artículo 12 del proyecto, (…) puede concluirse que ella se apoya en la expectativa de que los mecanismos de participación ciudadana se encuentren alineados con una vocación marcadamente democrática y no por intereses predominantemente económicos. Esta restricción se orienta entonces, a privilegiar los aportes que provienen de personas naturales o jurídicas cuya actividad no se funda en el ánimo de lucro, tal y como ocurre con las fundaciones, las corporaciones y un número importante de organizaciones sociales que no tienen como finalidad distribuir las utilidades de su actividad entre las personas que se asocian”.

Por tanto, la mayoría del CNE desconoció, injustificadamente, no solo la norma de carácter estatutario, sino la sentencia de la Corte Constitucional que la declaró constitucional.

6°. La mayoría se negó a aplicar el artículo 15 de la Ley 1757 de 2015. Por otra parte, ignoró también el artículo 15 de la misma ley según la cual el CNE debe abstenerse de expedir la certificación relacionada con el Informe de Ingresos y Gastos de campañas de recolección de firmas únicamente cuando: (i) no se entregan los informes en el plazo que fije la ley, y (ii) cuando “la campaña excedió los topes individuales y generales de financiamiento permitidos por el Consejo Nacional Electoral”.  

7°. No existía causal para negar la expedición de la certificación. Ninguno de esos   supuestos se menciona en la decisión. La Resolución se refiere únicamente a  recibos de caja de algunas agremiaciones laborales cuyo beneficiario fue el señor GUSTAVO MERCHÁN FRANCO, promotor de la iniciativa, a quien se le enrostrar haber actuado como tesorero de SINTRATELÉFONOS y Vocero/Promotor de la iniciativa ciudadana, aspecto que no está prohibido por la Constitución o la ley. 

8°. No toda infracción en la presentación de Informes contables implica la suspensión del proceso de revocatoria. Estas infracciones, por graves que parezcan, no configuran causal para no certificar el Informe de Ingresos y Gastos presentado. Cuando se cometen este tipo de infracciones la sanción es de carácter pecuniario, pero no afecta el trámite mismo del proceso de revocatoria de mandato.

9°. La mayoría del CNE decidió archivar el trámite de la revocatoria sin hacer explícita su decisión. La decisión se abstiene de pronunciarse sobre la certificación (objeto de la actuación administrativa); lleva al archivo de la iniciativa ciudadana, y cercena su alcance pues la revocatoria solo puede adelantarse antes de los 12 meses anteriores a la finalización del período constitucional del mandatario. Si ello llegare a ocurrir, de conformidad con el acto legislativo 2 de 2002, si faltara menos de 18 meses para el cumplimiento de su período, ya no podrá convocarse una nueva elección, pues en este evento le corresponde al Presidente de la República designar un alcalde para el resto del período.

10°. Una vez más el CNE frustra un mecanismo de participación ciudadana y  quebranta el principio participativo de la Constitución del 91. La decisión de la mayoría del CNE constituye una afrenta al principio participativo, columna vertebral de la Constitución de 1991, y desconoce las normas que regulan la revocatoria del mandato en Colombia.  

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